Este jueves 15 de enero el Tribunal Ambiental a través de la figura del “amigable comoponedor” dio luz verde a la empresa Quiborax para que en un mes más -el15 de febrero- presente una propuesta de medidas para la gestión socioambiental, reparaciones y compensaciones a propósito de la demanda por daño ambiental continuo, acumulativo, permanente e irreparable en el Salar de Surire. 

Por Estefani Carrasco Rivera

La empresa Quiborax fue demandada por el Consejo de Defensa del Estado por daño irreparable al Salar de Surire, situación que se mantiene en el Primer Tribunal Ambiental y se esperaba un fallo que llevará a la empresa al Sistema de Evaluación Ambiental. Sin embargo, la institucionalidad decidió realizar una conciliación bajo el concepto de amigable componedor. En términos legislativos el concepto de amigable componedor, significa un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual uno o varios particulares o una entidad pública habilitan a un tercero llamado amigable componedor, para resolver de manera definitiva sus controversias.

Este tercero es Marcelo Hernández Rojas, Ingeniero Forestal, Doctor en Conservación y Gestión de la Biodiversidad que a pesar de que conoció los daños que puede provocar el proyecto Dominga en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, en 2018 falló para que el proyecto volviera a ser votado en el Comité de Evaluación Ambiental de Coquimbo -para ser aprobado, a solicitud de la empresa Andes Iron luego de ser rechazado en primera instancia- en su calidad de ministro en el Primer Tribunal ambiental de Antofagasta. Esto fue dado a conocer a través del medio una investigación de Reportea, donde se vislumbran vínculos con el ex senador Patricio Walker, quien recibió 5 millones mensuales por parte de la misma Andes Iron, por conceptos de “asesoría” en 2022. 

De acuerdo al documento del Tribunal Ambiental entre el 13, 14 y 15 de enero, se reunieron abogados para definir objetivos, alcances, plazos, resultados esperados e indicadores de éxito del proceso de conciliación.  Luego de tres días de exposiciones, donde además de abogados participaron Alicia Gutiérrez Castro, de la comunidad de Surire, Allan Fosk Kaplun, gerente general de Quiborax y Samuel Apaza Sepulveda, presidente del Sindicato de Quiborax; el ministro Hernandez solicitó a la empresa elaborar una “primera propuesta de acuerdo, con un desarrollo detallado y técnico de cada una de las medidas, con sus respectivos objetivos, alcances, indicadores de cumplimiento, resultados esperados y medios de verificación” a más tardar el 15 de febrero de 2026.